20 de octubre de 2010

Significado de Autonomía Universitaria y significante desvariado de la Derecha


“La autonomía universitaria no implica normas que se impongan sobre el máximo reglamento de un Estado, ya que estas casas de estudios no se definen legalmente como un Estado integrado en otro” ECR


Por: Erika Calanche Ramos.


Ante la trascendencia histórica de las casas de estudio de carácter públicas y autónomas como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia entre otras, es preciso a través de este artículo aclarar el concepto de autonomía universitaria, con el fin de exponer la aplicación legal de este término.


La Autonomía Universitaria es derecho inherente a la valoración de la propiedad intelectual en el ámbito de las universidades, en tanto, su consideración jurídica es cónsona a la regulación de la propiedad intelectual de las obras que producen las instituciones de educación superior universitaria. Dicha autonomía se transformó en una libertad académica de rango fundamental en el Derecho Constitucional. Su titular es la comunidad universitaria, en este sentido la cúpula que la preside debe ser oído a la mayoría y desempeñar su rol direccional en beneficio del colectivo que la integra.


Como derecho constitucional, la autonomía universitaria se encuentra regulada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Capítulo VI, De los Derechos Culturales y Educativos en su Artículo 109, la cual establece: El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.


En este sentido, estas universidades están dotadas de personalidad jurídica y deben fungir en pro del desarrollo de sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre ellas; no es esta una propiedad de autoridad legal para quebrantar la jerarquía del ordenamiento jurídico establecido en la Pirámide de Hans Kelsen, la cual vale la pena acotar que se jerarquiza administrativamente de la siguiente manera: Constitución, Tratados internacionales, Leyes orgánicas, Leyes ordinarias, Decretos leyes, Decretos legislativos y Decretos supremos. Por ende, las normas o reglamentos de las universidades en dicha clasificación se encuentran jerárquicamente en el nivel sub-legal, no por encima de la cúspide de legal del Estado.


Por otra parte, las universidades privadas según las leyes se les permiten personalidad jurídica propia adoptando las formas admitidas en el derecho y en la Ley que rige el sistema de universidades en Venezuela amparadas en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.


Dicha ostentación legal las hace personas jurídicas con capacidad suficiente para adquirir derechos que se sustentan a través de las arcas del Estado. Asimismo, deben contraer obligaciones corresponsables con todos los integrantes de estas casas de estudio: estudiantes y trabajadores sin descalificar ni discriminar a ninguno de sus componentes por el oficio que desempeñen, ya que todos en su compuesto son importantes para que estos centros educativos funcionen cabalmente.


La finalidad del criterio de autonomía está asociada a la factibilidad de las universidades para adquirir en tal calidad las prerrogativas de la propiedad intelectual, al adquirir la titularidad originaria de las obras producidas por el personal asalariado de la institución, destacando que parte de los impuestos recaudados en la nación se destinan a la cancelación e inversión presupuestaria de las mismas.


Se trata de una autonomía que las define en órganos descentralizados de la Administración Pública, pero eso no quiere decir que estén divorciadas del Estado, ya que implican una propiedad pública al servicio de la Nación. En el caso de las universidades privadas, tal autonomía es relativa ya que requieren la supervisión del órgano público con respecto a la legitimidad de ciertas funciones.


La autonomía universitaria se desarrolla tanto en las modalidades administrativa, política, financiera y organizativa que les corresponde a las universidades públicas. Es un derecho constitucional que les permite la autodeterminación en materia económica pero con sujeción al presupuesto público y a los ingresos que legítimamente adquieren en el ejercicio de sus funciones ordinarias para la consecución del fin legal por el que fueron creadas.


Igualmente, el principio es que las mismas estén capacitadas para formular sus planes, programas, organización interna y estructurar acciones acorde a la deontología educativa. En su poder estatutario autónomo y de ejecución, deben conformarse para repartir sus competencias internas, cumpliendo jurídicamente y de manera lícita en beneficio de la regulación del servicio que prestan. Además son estás quienes en su pleno derecho deciden la forma de organización de su personal, sin embargo, deben considerar las leyes nacionales y los principios del derecho que les sean aplicables para el respeto de las libertades públicas y los derechos individuales.


La autonomía universitaria fue concebida para que las instituciones de educación superior universitaria tengan la libertad de procurar las condiciones jurídicas necesarias para el logro de su misión educativa y cultural. La autonomía universitaria se convierte así en una garantía para que las universidades resulten centros de pensamiento libre, exentos de presiones o medidas que pudiesen alterar su cometido o impedirle el cumplimiento adecuado, objetivo y recto de sus funciones.


Empero, esta autonomía no debe malversarse y tergiversarse de manera lúgubre para favorecer intereses politiqueros que negocian y apuestan al desfalco del Estado. Aunado a ello, los rectorados que dirigen la mayoría de estas casas de estudios extorsionan a muchos jóvenes aspirantes a la formación superior en cualquiera de las carreras que se dictan en estas universidades, incluso organizaron grupos de estudiantes que “no estudian” y que de un modo mezquino venden los cupos de ingreso. Y en el peor de los casos, fungen como pandillas que sabotean la libre expresión de pensamiento coaccionando a todo aquel que sienta y exprese “Patria Socialista”, es decir, son personeros de la derecha politiquera venezolana.


En tanto señores rectores de la derecha o se debe decir de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la autonomía universitaria ha sido concebida por el constituyente en tal grado de importancia, que debe ser entendida dentro de la gama de los derechos fundamentales, en calidad de libertad académica, no para violar estos principios. También, la autonomía atribuye a las universidades públicas un poder de independencia con base a la libertad ideológica y de enseñanza que debe imperar en su funcionamiento dentro de una sociedad democrática y en Estado Social de Derecho; a estos que siempre mencionan la expresión de “Estado Social de Derecho” desconociendo su significado implícito, cuan facinerosos reprimen y coaccionan constantemente a los estudiantes que tienen espíritu libertario y humanista, la cual adversa sus intereses capitalistas y liberales.


Considérese entonces, que el fundamento de la autonomía universitaria se concibe, en efecto, en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación y la protección de estas libertades frente a todos los poderes. Aclárese que esa autonomía no es absoluta, pues para su correcta ordenación necesita de una organización genérica proporcionada por el Estado, con el fin de que las universidades sigan ciertas directrices de orden administrativo y de respeto a estructuras y procedimientos universales de la enseñanza.


Además esta libertad académica debe ser garante de la gestión y administración de sus recursos, de la selección justa y capacitación de su profesorado, del pago de todos los beneficios a sus empleados, de la adecuación y mantenimiento de sus instalaciones acorde a los presupuestos que las arcas del Estado destinan a estas.


En este sentido, la limitación de la autonomía reside tanto en el servicio público que presta, como en las materias reservadas al Estado Central y en procurar que toda su regulación, actuación y estructura tienda a cumplir o satisfacer las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad, por lo que sus recursos económicos e intelectuales deben ser administrados bajo esa premisa legal.


Finalmente, es imprescindible señalar que el Gobierno Bolivariano ha aprobado importantes recursos para el sector universitario. Se autorizaron 450 millones 992.000 bolívares con el fin de financiar las pólizas de seguro, tickets de alimentación y otros compromisos laborales contraídos con los trabajadores.


Además, la plenaria de la AN aprobó dos créditos adicionales al Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria (MEU), que en conjunto suman más de 1.180 millones de bolívares, con el fin de cancelar compromisos salariales y 100% de los servicios médicos en 23 universidades, 25 institutos y cuatro colegios de educación superior.


Aunado al monto expuesto, 729 millones 78.697 bolívares están destinados a pagar el incremento salarial de 30%, acordado en el convenio de trabajo correspondiente al período 2008-2009. Este ajuste aplica para más de 114.000 trabajadores, entre docentes y empleados administrativos y obreros. Adicionalmente, 450 millones 992.348 bolívares permitirán el pago del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) de los trabajadores universitarios.


En conclusión, con estos recursos, las universidades nacionales han recibido más de 3.000 millones de bolívares este año por la vía de créditos adicionales. “El que tenga ojos que vea”.


Fuentes de la información presupuestaria asignada, Noticias AVN y VTV.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Consultas Web sobre Ordenamientos Jurídicos y Teorías del Derecho

1 comentario:

analis romero dijo...

es bueno hacer un analisis del presupuesto asignado a la universidad bolivariana de venezuela, porque tengo entendido que las universidades mas antiguas en venezuela son las que se le asignan mayores recursos